Colombia. - Tras su destitución por la polémica de la
adjudicación del contrato de impresión de pasaportes a la firma Thomas Greg
& Sons, el exsecretario general de la Cancillería de Colombia, José Antonio
Salazar, declaró que tiene "serios y fundados temores". "Están
tratando de difundir que yo no actúo solo", afirmó.
En declaraciones a la prensa a las puertas del Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasado miércoles Salazar habló sobre su salida del departamento después de haber sido acusado de traición por el presidente Gustavo Petro.
El exfuncionario, destituido el lunes, asegura que actuó
siguiendo la ley y que no consultó a nadie para realizar la adjudicación del
contrato, porque "la Constitución y la ley deben cumplirse por encima de
cualquier instrucción de carácter administrativo", recoge El Colombiano.
También respondió a las acusaciones del canciller encargado,
Luis Gilberto Murillo, quien afirmó que Salazar no tenía facultades para
otorgar el polémico contrato. "Me ratifico en todo lo que he hecho, me
ratifico en mi posición, en el sentido en que he actuado solo con las
competencias que tengo, con el cumplimiento del deber", afirmó el
exsecretario general.
En este sentido, indicó que estaba en uso de las facultades
legales que le otorgó la resolución 2538 de 25 de mayo de 2019 por la que se
hizo la delegación de funciones, cuando el entonces canciller Carlos Holmes
Trujillo le trasfirió esos poderes, que incluyen la representación legal del
fondo rotatorio.
Asimismo, Salazar argumentó que su decisión salvó al Estado
de tener que pagar 117.000 millones de pesos (alrededor de 30 millones de
dólares) de una demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons (TGS) cuando la
licitación fue declarada desierta.
Así, el miércoles el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la adjudicación del contrato
realizada por el exsecretario general de Cancillería, a pesar de que el
Gobierno de Petro no lo reconoce.
A un año de
controversia
La polémica se
remonta a principios del año pasado, cuando empresas competidoras denunciaron
trato preferencial hacia TGS, que llevaba 25 años encargándose de la impresión
del documento nacional.
Las acusaciones llevaron
a la suspensión del entonces canciller Álvaro Leyva, tras declarar desierta la
licitación, y a una demanda al Estado por valor de 117.000 millones de pesos.
Durante estos meses
se habría barajado la posibilidad de que la empresa estatal Imprenta Nacional
se hiciera cargo de esas funciones, pero ante la falta de capacidad para el
inicio inmediato de la producción, se acabó asignando el contrato de forma
temporal a TGS.
Fuente: Agencias
internacionales de noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario